En una significativa medida en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, el Ministerio Público de Honduras ha impuesto acciones de privación definitiva de dominio sobre 131 bienes presuntamente de origen ilícito, vinculados al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, su esposa Ana Rosalinda García Carías, así como a otros miembros de su círculo cercano.
Esta acción incluye a sus hermanos, madre, esposa y otros parientes del entorno.
La incautación abarca 32 bienes inmuebles, 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros, identificados por el Ministerio Público en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira.
Además del expresidente y su esposa, los titulares de derecho de estos bienes incluyen a su madre, María Elvira Alvarado Castillo, sus hermanos Hilda Rosario (fallecida), Aixa Marlene, Juan Antonio Hernández Alvarado, su otro hermano José Amílcar Hernández Flores, y otros parientes.
Estas acciones representan un avance significativo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Honduras.
El Ministerio Público continúa trabajando para investigar a fondo y tomar medidas legales contra cualquier acto ilícito cometido por personas en posiciones de poder.
La acción de privación definitiva de dominio es parte del trabajo de la comisión especial integrada por fiscales y detectives de la FESCCO, UF-ADPOL y DLCN, quienes recopilaron y analizaron información durante el juicio del expresidente Hernández Alvarado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Este juicio culminó con una declaratoria de culpabilidad por los tres cargos que enfrentó.
Entre las vinculaciones sostenidas por el Ministerio Público para solicitar la extinción definitiva de bienes se encuentra la relación del expresidente Hernández Alvarado con personas vinculadas al narcotráfico y con quienes mantuvo relaciones financieras y constitución de sociedades.
Como parte de la acción definitiva de privación de dominio, se están realizando inspecciones a 19 inmuebles asegurados que no habían sido autorizados para su incautación.
Una vez concluidas las inspecciones, se coordinarán labores con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para el proceso respectivo.
El Ministerio Público reitera su compromiso de seguir dando seguimiento a las líneas de investigación abiertas luego de la información obtenida por la comitiva enviada por el fiscal general de la República a Nueva York, Estados Unidos.
