En un giro alarmante de los acontecimientos, nuestra sala de redacción ha recibido una denuncia grave que involucra al poder judicial, específicamente a la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Según la denuncia, los empleados de la Corte se ven obligados a realizar ciertas acciones para asegurar su permanencia en el trabajo, bajo la dirección de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando.
Previo a las elecciones primarias de este domingo 9 de marzo, los empleados han denunciado lo siguiente: Por primera vez en la historia de Honduras, los vehículos asignados a la Corte Suprema de Justicia, desde el día 7 de marzo, se utilizarán para trasladar a los militantes del partido Libertad y Refundación desde sus hogares hasta sus centros de votación.
Estos vehículos, que deberían estar destinados a funciones oficiales de la institución, están siendo desviados para fines políticos. Además, según la fuente, los empleados que trabajan bajo contrato se ven obligados a votar por la precandidata presidencial del partido Libre, Rixi Moncada. Después de votar, deben presentar el censo para obtener el acuerdo de su trabajo permanente; de lo contrario, seguirán trabajando bajo contrato.
Los abusos de autoridad han sido excesivos, y los empleados de la institución están indignados con las disposiciones impuestas por las autoridades. Consideran inaudito que se les coaccione en un derecho que debería ser libre: decidir por quién votar. Esta situación plantea serias preguntas sobre la integridad y la imparcialidad del poder judicial en Honduras.
