A pesar de los esfuerzos de los líderes partidarios, todo ha resultado infructuoso una vez más, dejando en suspenso el proceso de selección. Ante esta situación el diputado oficialista Carlos Zelaya insinuó que se podría optar por una junta interventora para dirigir el Ministerio Público, esto si no se escoge a las nuevas autoridades al 31 de agosto, en donde esperan no tomar decisiones que vayan fuera de la constitución.
Al respecto muchos expertos en derecho han salido a dar su opinión referente al tema, tal es el caso del abogado Juan Carlos Barrientos, quien afirma que esto no es posible legalmente porque violarían la ley, aunque tampoco descartó que el partido en el poder quiera imponer esta medida.
Asimismo, la bancada del Partido Nacional de Honduras (PNH) ha denunciado ante los medios de comunicación que existen intenciones de querer aprobar una Junta Interventora con 65 o menos votos de lo que podría establecerse y, por tratarse de un tema constitucional, el Fiscal General se elige con 86 votos.
A la vez, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Mateo Yibrín ha manifestado que, si no se eligen las nuevas autoridades llegando el 1 de septiembre, las actuales autoridades deben de continuar ejerciendo sus cargos. Esto fundamentándolo en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el cual establece que los funcionarios elegidos por el CN que finalizan su período y no tienen sucesores designados deben permanecer en funciones hasta que se complete la elección.
En ese sentido, todos exhortan que es necesario que los partidos políticos intensifiquen los diálogos y consensos para seleccionar a los nuevos líderes de la Fiscalía hondureña entre 2023 y 2028 ya que cualquier decisión fiera de estos puntos solo ponen en riesgo la estabilidad política del país.
