En Honduras, un grupo de pacientes renales ha alzado su voz para denunciar la violación de sus derechos fundamentales en el acceso a tratamientos médicos adecuados. Estos pacientes, afectados por insuficiencia renal crónica, demandan ser escuchados y respetados en su elección de recibir atención médica en condiciones seguras y de calidad.
La situación ha surgido debido a la preferencia de estos pacientes por recibir su tratamiento de diálisis en la empresa Dialisis de Honduras, que según ellos, ofrece las mejores condiciones. Han expresado su temor a acudir a la empresa Nefrocentro, alegando que aproximadamente 50 pacientes que recibieron tratamiento allí se infectaron con la bacteria serratia, una enfermedad que puede ser complicada y hasta mortal.
En un comunicado emitido por la asociación de pacientes renales, se destaca la importancia de respetar la dignidad humana y los derechos constitucionales de cada individuo. Se hace hincapié en que la elección del centro asistencial para recibir tratamiento médico debe ser respetada y garantizada por las autoridades pertinentes.
La asociación lamenta que, a pesar de las promesas anteriores por parte de la Secretaría de Salud de respetar este derecho, se haya vulnerado la libertad de elección de los pacientes debido a una decisión directa del secretario general de SESAL, el abogado Allan Pineda. Esta situación representa una violación flagrante de los derechos fundamentales de los pacientes, que han luchado durante décadas por un tratamiento digno y seguro.
El comunicado hace un llamado urgente a la presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro, para que intervenga y garantice que el Estado no ponga en riesgo las vidas de los pacientes renales. Se hace eco de las palabras pronunciadas por los compañeros de lucha fallecidos, recordando su firme compromiso con la causa y su deseo de un gobierno que realmente represente y proteja los intereses del pueblo.
Los pacientes renales afectados exigen el cumplimiento de sus derechos constitucionales y humanos, así como una respuesta inmediata por parte de las autoridades competentes para resolver esta situación y asegurar un acceso equitativo y seguro a los servicios de salud en Honduras.
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