El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), ha presentado un requerimiento fiscal contra varios exfuncionarios del Gobierno (2018-2022), quienes son acusados de cometer un grave perjuicio a la población hondureña por más de sesenta y tres millones de lempiras (L. 63,839,377.80).
El requerimiento está relacionado con la compra sobrevalorada de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron durante la pandemia del COVID-19, así como la adquisición irregular de hospitales móviles, cafeteras y televisores. Estas compras no solo se realizaron a precios inflados, sino que tampoco cumplieron con los requisitos técnicos y legales necesarios para su adecuado uso, afectando gravemente a la ciudadanía en un momento crítico.
Entre los acusados se encuentran:
- Lisandro Rosales, ex canciller de la República
- Gabriel Alfredo Rubí Paredes, ex comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)
- Jessica Canahuati Farach, excónsul de Honduras en Nueva York
El Ministerio Público, en sus redes sociales, publicó:
"Requerimiento Fiscal por compra irregular de ventiladores durante pandemia del COVID-19."
