En recientes declaraciones, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, expuso graves irregularidades en la concesión de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes).
Según el abogado, las áreas donde se establecieron las Zedes no eran de baja densidad poblacional, como lo estipula la ley, sino territorios urbanizados con población asentada. "Por tanto, la concesión de estas zonas debió haber sido otorgada por el Congreso Nacional", afirmó Solórzano, criticando el proceso mediante el cual se legalizó la creación de estas zonas especiales.
El artículo 25 de la ley vigente establece que solo en zonas con baja densidad poblacional puede aplicarse la concesión de Zedes, algo que, según Solórzano, fue ignorado. "Los lugares donde se establecieron ya contaban con urbanizaciones y una población asentada", continuó el abogado, subrayando que la decisión de conceder estos territorios fue una violación directa a la normativa constitucional.
A su juicio, desde su origen, las Zedes presentaron vicios de inconstitucionalidad que, ahora, tienen consecuencias graves para el país.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), el pasado 20 de septiembre, declaró inconstitucionales varios decretos relacionados con las Zedes, incluidos el Decreto 236-2012 y el 120-2013, que reformaban artículos claves de la Constitución. Esta decisión, tomada por mayoría de votos, anula los efectos de la Ley Orgánica de las Zedes por vulnerar artículos fundamentales de la Carta Magna.
