Rashid Giannini propondrá ley para inhabilitar políticos corruptos, entre ellos Rasel Tomé y Edgardo Casaña

Muchas han sido las criticas para los vicepresidentes del Congreso Nacional, Rasel Tomé y Edgardo Casaña, ambos mencionados en la última Lista Engel de corruptos del Triángulo Norte emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y ante ello, Rashid Giannini, fundador de “Una Sola Voz Por Honduras”, se ha manifestado en contra de que políticos como estos legisladores del Partido Libre, sigan ejerciendo sus funciones cuando han sido señalados por “corruptos”.

Rashid, ha manifestado que propondrá y presentará ante el Congreso Nacional, para sancionar a este tipo de políticos, y que sean separados de sus funciones hasta que se aclare su situación con el país norteamericano, esto, para que el gobierno de la República “no pierda credibilidad”.

“En las próximas semanas vamos a estar presentando un proyecto de ley en el marco de la ley de participación ciudadana, que faculte una ley para ampliar sus mecanismos anticorrupción en el país, una ley para inhabilitar a los políticos corruptos y vinculados a actos de corrupción y vinculados a la Lista Engel”, comenzó.

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Asimismo añadió: “Creemos que es necesario que estos políticos que ya están investigados y ya se tienen pruebas, incluso algunos hasta sentenciados están como el caso de Rasel Tomé y Edgardo Casaña, ya no deberían de estar en estos puestos, porque son entes corruptos y ya señalados, entonces el gobierno pierde credibilidad también de esa manera, vamos a la misma ruta que estábamos en el congreso anterior”.

Giannini, cerró diciendo que recolectarán más de 5,000 firmas para posteriormente, presentar dicho proyecto ante el Legislativo y de esta forma presionar para que esta ley se haga realidad.

Cabe resaltar que el pasado mes de julio, Estados Unidos emitió la Lista Engel de corruptos del Triángulo Norte, en la cual, incluía a 15 hondureños, entre ellos a Rasel Tomé, acusado de incurrir en una importante corrupción cuando usó su cargo como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para malversar aproximadamente $327,000 de fondos públicos.

Asimismo, incluyó al otro vicepresidente del Legislativo, Edgardo Casaña, acusado de incurrir en una importante corrupción al reestructurar indebidamente el Instituto Nacional de Pensiones de los Maestros para destinar más de $5 millones en beneficios a aliados políticos y electores, con el fin de asegurar votos y mantener el poder político.

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