El sector del transporte público en Honduras ha enfrentado una crisis económica debido a la extorsión, con un desembolso aproximado de 350 millones de lempiras entre enero y julio de 2024. Esta información fue revelada por el transportista Wilmer Cálix, quien destacó que los propietarios de buses son los más afectados por las exigencias de grupos delictivos.
Cálix explicó que los propietarios de unidades de transporte deben abonar entre 40 y 50 millones de lempiras mensuales a al menos cinco organizaciones criminales que operan en todo el país. Estas estructuras criminales imponen pagos semanales por cada unidad que circula en ciudades clave como Tegucigalpa y San Pedro Sula, exacerbando la crisis en el sector.
"Este año ha sido especialmente duro; la extorsión ha puesto de rodillas al sector en Tegucigalpa y San Pedro Sula. En los últimos dos meses, nuevas estructuras han comenzado a causar problemas", detalló Cálix a una entrevista. La situación se ha agravado con la aparición de nuevas bandas que han intensificado las demandas de pagos.
El dirigente del transporte también informó que los dueños de buses enfrentan pagos a dos o más pandillas que imponen el denominado "impuesto de guerra". A nivel nacional, los pagos varían entre dos y cinco grupos delictivos, dependiendo de la ruta. En algunas rutas, los transportistas deben pagar a dos pandillas, mientras que en otras la exigencia puede llegar a cinco, lo que subraya la presión constante que enfrenta el sector.
