En las últimas horas se ha dado a conocer que hay movimiento a lo interno de la Corte Suprema de Justica para imponer un magistrado del Partido Libertad y Refundación (Libre) en la Sala Constitucional de ese poder del Estado.
Esto con el fin de desplazar a uno de los magistrados del Partido Nacional de Honduras (PNH) para imponer la mayoría oficialista en un momento que hay importantes recursos por resolver.
Ante la situación el abogado, Fernando González, ha afirmado ante los medios de comunicación que la estrategia con dicho movimiento es para que el próximo año no la presida el magistrado nacionalista, Luis Fernando Padilla, a quien corresponde por orden de precedencia.
“La estrategia con este movimiento es que el próximo año que debe rotarse la coordinación de las salas del Poder Judicial, la sala de lo constitucional no la presida el magistrado nacionalista, Luis Fernando Padilla, a quien le corresponde por orden de precedencia.” Afirmó Gonzáles.
Seguidamente, personal del Poder Judicial ha manifestado que si esa intención se materializa el oficialismo estaría controlando una de las salas más importantes de ese Poder del Estado en las que hay muchos recursos que resolver como el de la amnistía política, elección irregular de la justa directiva del Congreso Nacional (CN) y los fiscales interinos del Ministerio público (MP.)
Cabe destacar, que la convocatoria de la Comisión Permanente del Congreso Nacional al proceso de nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de cuentas (TSC) para el período 2023-2030 ha generado preocupación en representantes de sociedad civil que califican este hecho como una jugada política propia de regímenes autoritarios.
Esta comisión, en funciones mientras dure el receso legislativo, tiene como antecedente el polémico nombramiento el pasado 1 de noviembre del fiscal general y fiscal adjunto interinos en el Ministerio Público (MP).
Esto después que los principales partidos políticos no lograran ponerse de acuerdo para esa elección que requiere un mínimo de 86 votos, una comisión de nueve diputados decidió por miembros afines al Gobierno. ¿Serán capaces de volver a imponer magistrados?
