
«Les pedimos que a partir del 24 de agosto cumplamos con las fases de apertura ya consensuadas», dijo la ministra de Economía, María Luisa Hayem, el 10 de agosto a un grupo de empresarios. «Trabajemos de la mano para darle seguimiento a este Plan, que tiene como fundamento el Decreto Ejecutivo Nº 33», agregó.
La reunión fue entre varios funcionarios del gobierno y los empresarios que conforman la llamada Mesa de Reapertura Económica para hablar sobre la hoja de ruta a seguir para reactivar la economía del país, luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el Decreto Ejecutivo N.º 32 del Ministerio de Salud.
En ese decreto, el Ministerio había establecido cinco fases escalonadas de reapertura económica con una calendarización que podía ser alterada por las mismas autoridades, a partir de sus valoraciones sobre el curso de una pandemia de covid-19 que azota al país. El Decreto N.º 32 ha sido sustituido por N.º 33, pero su legalidad está bajo escrutinio.
La primera fase iba a durar 21 días (16 de junio al 6 de julio), mientras que las pérdidas de 15 días hasta llegar al 31 de agosto. La primera fase, sin embargo, lleva ya 57 días, luego de dos prórrogas dictadas por Órgano Ejecutivo.
Este proceso de reactivación económica ha afectado principalmente al sector productivo formal, ya que está al alcance de la regulación estatal. Este sector, según datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), está formado por 32,253 patronos y 809,929 trabajadores, al mes de mayo.
La información permite advertir que el 25.9% de los trabajadores ha estado activo, mientras que el 39.3% fue reactivado durante la primera fase. En consecuencia, está en espera el 34.8%, pero la mayor parte (24%) está en la segunda fase. El resto de fases, que culminan el 4 de octubre, son el 10.7% de la fuerza laboral.

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